Informe sobre la situación cultural en Cataluña, publicado en junio de 1965 por la Sociedad Catalana de Estudios Internacionales y por la Unión Federal de Nacionalidades Europeas (FUEN). En la primera parte del informe, la Sociedad Catalana de Estudios Internacionales expone una serie de aspectos de lo que, desde su punto de vista, representa el “problema nacional catalán”. Esta organización no sólo se centra en la “política anti-catalana” de Franco sino que intenta buscar en la historia razones para explicar su visión sobre la situación de Cataluña. Para ello y mediante una visión subjetiva de la historia, utiliza argumentos como el “expansionismo castellano”, la “política centralista de los Borbones” o las “tradiciones del militarismo español” como causas del “problema catalán”. Aborda, de la misma manera, temas como la población, lengua, historia o economía catalanas, todo ello desde una visión catalanista y ensalzando la superioridad de esta región en comparación con el resto de España. Por ello, defiende, por una parte, el derecho de autodeterminación, apostando por la creación de una “Confederación Hispánica o Ibérica de Estados libres e independientes” y, al mismo tiempo, afirma que “el movimiento catalán no es separatista en el sentido de querer formar una república separada de España”. La segunda parte del informe presenta, en primer lugar, una nota del Consejo Nacional Catalán al Comité Central de la FUEN, de diciembre de 1963, en la que la delegación catalana quiere llamar la atención ante la FUEN, círculos internacionales y opinión pública acerca de la “persecución” que el régimen franquista lleva a cabo de la lengua, prensa y libros en catalán, al mismo tiempo que defiende el derecho de autodeterminación de Cataluña, comparando la situación catalana a la autonomía concedida a la Guinea Española. En segundo lugar, se adjunta una carta de febrero de 1964 firmada por Svend Johannsen, Presidente de la Unión Federalista de las Comunidades Étnicas Europeas, y por Povl Skadegard, Secretario General de dicha organización, dirigida a Fernando María de Castiella y Maíz, Ministro de Asuntos Exteriores de España; y un informe de la misma organización, de noviembre de 1964, en donde se pide al gobierno español que si considera el derecho de las minorías estipuladas por el Consejo de Europa y por las Naciones Unidas, España dará un paso importante hacia la democracia y favorecerá su adhesión al Consejo de Europa.