El 30 de noviembre, el diario El País evoca el destino de la Carta de Derechos fundamentales. Debido a las discrepancias entre los socios europeos antes de la cumbre europea de Niza, no ha sido posible acordar la incorporación de la Carta de Derechos de la UE en el tratado, como consecuencia de la oposición de Reino Unido, Irlanda, Suecia, Dinamarca y Holanda. Esta Carta se proclamará en Niza, pero no tendrá carácter jurídicamente vinculante. El sistema de toma de decisiones también fue objeto de discusión y de desacuerdos, por lo que en numerosos casos las decisiones se seguirán adoptando por unanimidad y no por mayoría cualificada. Se mantendrá el veto, por tanto, en materia de fiscalidad, política social, cohesión, inmigración o política comercial, lo cual con vistas a la ampliación a un mayor número de estados miembros podría actuar de “parálisis” de la Unión.