Crisis, cuestionamiento y nuevas directrices (2011-2013)

Los efectos profundos y, por ahora, todavía imprevisibles de la crisis financiera global en España se viven socialmente como una transgresión de los principios, pero, ante todo, de las expectativas del proceso de integración europea. En este sentido, se podría afirmar que se produce, durante este período, una ruptura del consenso y del sentido de convergencia que implicaba la imbricación cada vez más simbiótica entre España y la Europa comunitaria.

De ahí el peso de un cuestionamiento radical de modelos productivos ampliamente asumidos —o conscientemente ignorados y tolerados— y de crítica de la precaria calidad democrática de la gobernanza europea. Esta actitud por parte de la ciudadanía española surge, no obstante, no tanto a causa de las brutales consecuencias de la crisis, sino como respuesta a los resultados de medidas de austeridad asimétricas y desproporcionadas, que incluyen, notablemente la disrupción de los derechos sociales garantizados por un Estado de Bienestar de refuerzo europeo, del poder adquisitivo, de un tejido empresarial sostenible, del acceso a un empleo de calidad y de la ausencia de un forzado exilio económico y profesional.

Otro ingrediente definidor de esta etapa es la zozobra y la incertidumbre, tanto en la toma de decisiones políticas como en la evolución socioeconómica del país dentro de la esfera de la Unión Europea. Las hojas de ruta trazadas desde la transición no parecen ya funcionar en un terreno inexplorado en el que los logros acumulados se deslegitiman de modo cotidiano, erosionando como nunca antes desde la transición la práctica crecientemente equilibrada de la negociación.

De hecho, las instituciones, valores, principios y prácticas fruto de una honda y muy buscada transformación interna —reforzada por el respaldo y la simultaneidad del proceso de construcción europea— habían conseguido, en cierto modo, superar el estadio de “anomalía” con respecto a democracias consolidadas y estados sociales de derecho del continente, intentando sustituir la “convergencia de recuperación” por una progresiva fusión de integridades.

Contrariamente, comenzando por las medidas de austeridad en Grecia, llegando a la intervención en España, Portugal e Irlanda y pasando por las difíciles perspectivas sobre Chipre, se va consolidando paralelamente, en este ciclo una recreación de la alteridad que reafirma un núcleo duro (o core Europe) que desaparece y reaparece de modo intermitente a los largo del proceso de construcción europea declarando quiénes pasan a ser, en cada ocasión los ciudadanos de segunda clase. En este caso, la brecha y el prejuicio que se recrea dentro de una dialéctica de inclusión y exclusión, muy europea también, es la de un Sur del continente dependiente, ineficaz, no sostenible (compuesto por P.I.G.S.) a remolque de un Norte fiscalmente virtuoso, productivo y depositario de una nueva legitimidad para la propuesta e implementación de iniciativas políticas pan-europeas. Por otra parte, esta reinventada escisión del continente redistribuye, asimismo, los centros de poder, innovación y desarrollo tecnológico, generando nuevas periferias en el interior de la Unión Europa. Sin embargo, la más radical de las nuevas fronteras es la marcada por el escalonamiento de derechos y oportunidades recortados exponencialmente, obviando el principio de solidaridad, que constituye uno de los valores fundacionales del proyecto europeo y pacto social de posguerra, que resultó en la progresiva del Estado de Bienestar en la Europa Occidental.

Por ello, el proceso de construcción, que fue percibido durante décadas en España como una ventana de oportunidad capaz de revertir tendencias y tradiciones nocivas, genera ahora intensas reticencias centradas en el hecho de que las medidas adoptadas para luchar, supuestamente, contra la crisis de la deuda soberana resultan más dañinas que los embates de la propia crisis. De hecho, el nivel de gobernanza europeo, que parecía ofrecer garantías democráticas suplementarias, se restringe en perímetro e impacto, deteriorando la calidad de la democracia europea.

De ello también se deriva la falta de influencia de las iniciativas y esferas supranacionales en favor de un intergovermentalismo creciente y profundamente reduccionista, que no hace sino ampliar la ya significativa fisura entre instituciones crecientemente desreguladoras y ciudadanos que no sienten ya habitar con certeza en un estado de derecho.

En este contexto, la noción de integración dialogada se vuelve imperativa para reconducir el proceso de construcción europea hacia sus motores de cohesión, solidaridad y cooperación reforzada.