La adhesión de España a la OTAN

Francisco José Rodrigo Luelmo

España estaba vinculada desde 1953 al sistema defensivo occidental a través de sus acuerdos con los Estados Unidos, pero Madrid decidió integrarse de pleno en el mismo pidiendo su adhesión al Tratado del Atlántico Norte, firmado por Canadá, Estados Unidos y varios países de Europa occidental en Washington en 1949. Y a pesar de que fueron los Gobiernos de la Transición los que solicitaron oficialmente el ingreso en la Alianza Atlántica, los Estados Unidos habían intentado en los momentos finales del franquismo que los aliados aceptaran la entrada de España en la OTAN. Sin embargo, la propuesta norteamericana fue rechazada en una reunión del Consejo del Atlántico Norte celebrada en mayo de 1975. El argumento dado por los aliados era que España no tenía un régimen político democrático y que, hasta que no lo tuviera, no podría ser aceptada en esta organización político-militar como Estado miembro.

Una vez fallecido el General Franco, el Presidente del primer Gobierno de la Monarquía de Juan Carlos I, Carlos Arias Navarro, había manifestado ante las Cortes Españolas en enero de 1976 que su Gabinete estaba contemplando «alternativas posibles con la Organización del Tratado del Atlántico Norte» para la defensa de España e incluso sugirió una «eventual participación» de Madrid en los esquemas de la Alianza Atlántica.

Pero, como ya se ha dicho, correspondió a los Gobiernos de Unión de Centro Democrático (UCD), liderados por Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, tomar la iniciativa y solicitar oficialmente el ingreso de España en la Alianza Atlántica. Sin embargo, el camino no iba a ser nada fácil teniendo en cuenta la oposición que el Ejecutivo español tuvo en su propio país, tanto entre el pueblo como entre la oposición parlamentaria de izquierdas.

En primer lugar está la vertiente política de la polémica, destacando la propia ambigüedad del Gobierno, puesto que el Presidente Adolfo Suárez no mostró nunca un gran entusiasmo por ingresar en la OTAN, al contrario que su Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja. El Jefe del Ejecutivo español acudió incluso como observador a la Cumbre de los Países No Alineados, celebrada en La Habana en 1979, a pesar del programa atlantista de la UCD.

Pero, además, el Gobierno de España tuvo una dificultad añadida: no logró concitar el consenso suficiente ni entre los partidos políticos ni entre el pueblo español para la adhesión al Tratado del Atlántico Norte. Si bien el posible ingreso de España en la CEE contaba con una clara aprobación por parte de todos los sectores políticos y sociales del país, la hipotética entrada en la OTAN fue objeto de una agria y dura polémica. Así, el Gobierno de UCD sólo obtuvo el apoyo de la conservadora Alianza Popular y de los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Por el contrario, tanto el Partido Comunista de España (PCE) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lideraron la oposición a la participación de esta nación europea en la Alianza Atlántica. De hecho, los socialistas de Felipe González impulsaron la campaña «OTAN de entrada no», exigiendo un referéndum que preguntase al pueblo español sobre si era conveniente o no la adhesión al Tratado de Washington.

Por su parte, la opinión pública española, que tras la muerte de Franco no estaba en contra de la posible entrada en la OTAN al identificarla con la democratización del país, fue cambiando de posición a medida que avanzaban los años. Ello se debía a su antipatía hacia los Estados Unidos (muchos españoles achacaban a Washington la excesiva duración de la dictadura franquista), a su tradicional desinterés por los asuntos de política exterior, y a que buena parte de la ciudadanía española no percibía a la URSS y al Pacto de Varsovia como posibles amenazas para su seguridad nacional. A todo lo anterior había que unir la progresiva complicación del contexto internacional y el auge del neutralismo y el pacifismo en España.

El punto álgido del debate se dio a inicios de los años 80, cuando España ya tenía una Constitución democrática y se habían celebrado dos elecciones legislativas. Por entonces, la política interna española atravesaba una etapa muy convulsa que, en cierta manera, pudo influir en el proceso de adhesión de España a la OTAN: en enero de 1981, el Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, presentaba su dimisión; y el 23 de febrero de ese mismo año, un sector minoritario de las Fuerzas Armadas intentó perpetrar un golpe de Estado, que resultó fallido, contra la joven democracia española. Si bien la fracasada intentona militar pudo respaldar la determinación del nuevo Jefe del Ejecutivo, Leopoldo Calvo-Sotelo, de pedir el ingreso en la OTAN con el objetivo, entre otros, de democratizar las Fuerzas Armadas españolas, la decisión ya estaba tomada de antes, incluso en los estertores del Gabinete Suárez.

Pero el Gobierno de España dispuso la entrada en la Alianza Atlántica, principalmente, por razones geopolíticas. Dada su vulnerabilidad militar, este país de la Península Ibérica quería unirse a la OTAN para garantizar su integridad territorial y reforzar así la seguridad del eje Baleares-Estrecho de Gibraltar-Canarias, protegiéndolo de posibles expansionismos foráneos, en primer lugar de Marruecos que, tras haberse anexionado Ifni y el Sáhara Occidental, ahora ambicionaba conquistar las dos ciudades españolas del norte de África: Ceuta y Melilla. Igualmente, el Gobierno español temía posibles actitudes ofensivas por parte de otros dos países norteafricanos, Argelia y Libia, que estaban en la órbita soviética. También, el Ejecutivo de Madrid afirmaba que con su ingreso en la OTAN lo único que hacía era ratificar de iure lo que ya era de facto a través de sus acuerdos con los Estados Unidos: la pertenencia al sistema defensivo de Occidente. Asimismo, España estaba convencida que con la entrada en la OTAN se desbloquearían las negociaciones para ingresar en la Comunidad Económica Europea.

Finalmente, los debates parlamentarios se dieron en octubre de 1981. Tal y como estaba previsto, UCD, Alianza Popular y nacionalistas vascos y catalanes apoyaron el ingreso en la OTAN, mientras que la izquierda se opuso en bloque. Los Estados firmantes del Tratado de Washington aceleraron la petición de Madrid y el 30 de mayo de 1982 España se convirtió en miembro de pleno derecho de la Alianza Atlántica.

Pero el debate interno en España no acabó con la adhesión. El 28 de octubre de 1982 el PSOE obtuvo mayoría absoluta en las elecciones legislativas y su líder, Felipe González, se convirtió en el nuevo Presidente del Gobierno español. Los socialistas habían prometido en la campaña electoral previa a estos comicios congelar la adhesión de España a la estructura militar de la OTAN y convocar un referéndum para que el pueblo español decidiera sobre la permanencia de este país en la Alianza Atlántica.

Sin embargo, una vez en el poder, Felipe González dio un giro proatlantista a la política exterior del Gobierno socialista y acabó aceptando la pertenencia de España a la OTAN, con condiciones. Ello se hizo explícito cuando González presentó el denominado «Decálogo sobre política de paz y seguridad», presentado en el Debate sobre el estado de la Nación celebrado entre los días 23 y 25 de octubre de 1984. Esta propuesta tenía como objetivo alcanzar un pacto de Estado, que hasta entonces no había sido posible, en materia de política exterior. En este contexto, el Jefe del Ejecutivo español planteaba a la oposición los siguientes puntos para el acuerdo:

1. Continuidad de España en la OTAN.

2. No integración de España en la estructura militar de la Alianza Atlántica.

3. Reducción de la presencia norteamericana en España.

4. No nuclearización del territorio español.

5. No exclusión de la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear.

6. Voluntad de participación en la Unión Europea Occidental.

7. Recuperación de Gibraltar.

8. Candidatura al Comité de Desarme de la ONU.

9. Desarrollo de convenios bilaterales de cooperación defensiva con otros países de Europa occidental.

10. Plan estratégico conjunto.

El prometido referéndum tardó en llegar. Tras haber cambiado de posición, el Gobierno del PSOE temía no ganar el plebiscito y le preocupaba la posible pérdida de credibilidad de España entre sus aliados occidentales si Madrid abandonaba la OTAN. Mas la primera legislatura de los socialistas al frente de España iba llegando a su fin y la promesa de convocar una consulta popular no podía seguir eludiéndose. Así pues, en febrero de 1986, el Gobierno español anunció la convocatoria del referéndum para el 12 de marzo de ese mismo año. El PSOE, el Centro Democrático y Social (nuevo partido del antiguo Presidente Suárez) y los nacionalistas vascos y catalanes pidieron el voto favorable para la permanencia de España en la OTAN; el PCE defendió el voto en contra y la conservadora Alianza Popular, pese a apoyar la pertenencia a la Alianza Atlántica, pidió la abstención al considerar el plebiscito una maniobra «innecesaria» por parte del Gobierno socialista, dándole una lectura interna al mismo.

La pregunta que la consulta planteaba a los españoles era la siguiente: «¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?». Las condiciones establecidas por el Ejecutivo socialista en la propia papeleta electoral eran: no incorporación a la estructura militar de la OTAN; prohibición de instalar, almacenar o introducir armamento nuclear en territorio español; y reducción progresiva de la presencia militar norteamericana en España. Finalmente, pese a los sondeos que indicaban lo contrario y con una participación del 59,42 % del censo, ganó el «sí» con un 52,5 % de los votos, mientras que el 39,8 % de los mismos fue a parar al «no»; el voto en blanco logró una cifra por encima de lo normal —6,5 %— y el voto nulo alcanzó el 1,2 % de los sufragios.

Con este resultado, España confirmó su permanencia en la OTAN y Felipe González salvó su propio Gobierno. De hecho, el PSOE ganó de forma contundente las elecciones legislativas celebradas pocos meses después. Además, Madrid logró renegociar de una forma más favorable para sus intereses, los Convenios de Defensa con los Estados Unidos, que fueron renovados en 1988. Años más tarde, en 1999, España dio un paso más en la Alianza Atlántica y bajo el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, se integró en la estructura militar de la OTAN, contando para ello con un amplio consenso parlamentario. Quedaban ya lejos los apasionados debates internos que la adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte había suscitado en los años 80.